La vivienda en México es un asunto de alta importancia. Por un lado, representa uno de los principales problemas económicos y sociales del país; a la fecha, un inmueble es el mayor o único patrimonio de la mayoría de las familias. Por otro, es un impulsor de la industria de la construcción y tiene importantes efectos en la economía nacional.
Con base en una investigación del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable (CEDRUS), de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde el punto de vista de la urbanidad, a lo largo del país el 75% del uso del suelo corresponde a vivienda.
“Desgraciadamente, la mayor parte de la población no tiene acceso a financiamientos que le permita adquirir una vivienda, lo que propicia que solo un sector minoritario de la población participe en ese mercado. La política del gobierno trata de apoyar con subsidios y transferencias la asequibilidad a la vivienda, sin embargo, gran parte de la población mexicana no tiene satisfecha esa necesidad”.
De ahí que se considere pertinente, incluso forzosa, la creación de políticas públicas para atender esta situación; aunque no todas logren su objetivo, pues según Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), las políticas en este aspecto se han deformado.
Ante tal panorama, la administración federal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2019-2024, el 27 de noviembre de 2019 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Sedatu, en la legislación nacional, el referente normativo en materia de vivienda se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
En la que el artículo cuarto establece que “toda familia tiene el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Así, el PNV tendrá la meta de disminuir en 2.2 millones el rezago habitacional, crecer 11% el sector vivienda rumbo al 2024 y recortar en 25% el costo de los trámites. En este universo, el mejoramiento y la ampliación de vivienda son los puntos de atención; sobre todo, de la población más vulnerable del país.
Es ahí donde el Estado mexicano debe generar las políticas públicas y los instrumentos para poder atender a esa población, según palabras de Meyer Falcón durante la presentación de la política pública.
Para cumplir estos objetivos, la Sedatu dispondrá de 2.3 billones de pesos en beneficio de 20 millones de personas durante los siguientes cinco años para reducir el déficit habitacional. De un total de 5.4 millones de financiamientos y apoyos, 50.2% serán trabajos de mejoramiento, 22.3% de vivienda nueva, 9.1% de ampliación y mejoramiento, y 8.5% solo de ampliación.
Toda vez que en México, de los 34 millones de viviendas existentes, cerca de 7.5 están construidas con materiales precarios; casi 6.4 requieren mejoras o una ampliación. En total, 9.4 millones están en calidad de rezago habitacional; es decir, carecen de drenaje, tienen materiales precarios o presentan hacinamiento.
Aunado a esto, 6.8 millones de personas no tienen mecanismos para acceder a un financiamiento adecuado para adquirir una casa, indicó el funcionario.
Agregó que para la realización del programa se coordinaron la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
